Plebiscito seguro: la campaña invisible

Constanza Hube

De cara al plebiscito del 25 de octubre y contra reloj, se está tramitando la reforma constitucional presentada por la oposición que busca ampliar las potestades reglamentarias del Servel. El Ejecutivo ya anunció que patrocinará la iniciativa, aunque propuso una mesa de trabajo conformada por miembros de oficialismo y oposición con el objetivo de lograr un “acuerdo amplio”.

¿Cuál es el objetivo de esta propuesta, al menos en sus líneas generales? Que se permita al Servel tomar acciones para el día del plebiscito: extender el horario de votación, asignar bloques preferentes para grupos de riesgo sanitario, excluir a dichos grupos de la obligación de ser vocales de mesa y establecer aforos máximos, entre otros.

Tanto la iniciativa, como las medidas que se están proponiendo –sin perjuicio del reparo que se pueda tener respecto de algunas– son indispensables para la realización de lo que se ha denominado un “plebiscito seguro”. Imposible no estar de acuerdo con esto.

El problema es que faltando pocas semanas para que se inicie el período oficial de campaña, hasta el momento no se ha puesto en el centro de la discusión de qué manera se realizará también una “campaña segura” con miras a lograr un voto informado. Como es sabido, el plebiscito de octubre es un hito relevante e histórico, y no se trata de una elección “tradicional” (en la que se eligen autoridades para determinados cargos).

No se trata de una elección más, ni de una campaña más. Se trata de un voto programático, donde es más importante que nunca generar información y transmitirla a la ciudadanía. Así, en un contexto en el que durante gran parte del período de campaña nuestros derechos y libertades probablemente seguirán restringidos, a propósito de la cuarentena, es razonable preguntarse ¿se ha abordado de qué manera se realizará una campaña informativa y que permita un contraste efectivo de ideas?

Si bien se ha propuesto por parte de algunas organizaciones de la sociedad civil, y por organismos internacionales, llevar adelante la campaña del plebiscito utilizando internet y las redes sociales, cabe cuestionarse si se logra verdaderamente el objetivo de contrastar ideas solo a través de este tipo de medios. ¿Todos los ciudadanos se informan por estas vías? ¿Qué ocurre con los adultos mayores, por ejemplo, que no se informan a través de estas plataformas? Según la IX Encuesta de Acceso y Usos de Internet realizada en 2017 por la Subtel, el 49% de las personas mayores de 60 años nunca ha usado internet y sólo un 54,6% de los hogares en los que residen adultos mayores cuenta con acceso a la red. Resultados similares se advierten en la Encuesta CASEN de 2017.

Por otra parte, también existen brechas importantes marcadas por la situación socioecónomica de las personas, o por si residen en sectores urbanos o rurales. En esta línea, un reciente estudio de la Fundación País Digital sobre “Brecha en el uso de internet: Desigualdad digital en el 2020” sostiene que para este año, la zona urbana tiene un 81% usuarios de internet, mientras que la rural sólo un 57,9%.

Está claro que hoy estamos lejos de poder llevar adelante una campaña tradicional (eventos masivos, foros, puerta a puerta, entre otras) y que hay que ser creativos en las estrategias, no obstante, esto no debe impedir que generemos todas las condiciones y garantías necesarias que permitan un contraste de ideas y un voto informado. No hay voto libre si no hay voto informado, en especial en este caso.